La expresión «Unión Ibérica» se utiliza en la historiografía para referirse a la unión dinástica que vinculó al Reino de Portugal con la Monarquía Hispánica entre 1580 y 1640. Esta última era, a su vez, la unión de las coronas de Castilla y Aragón, junto con sus respectivos imperios. Durante este período, toda la Península Ibérica quedó bajo el dominio de los monarcas de la casa de los Habsburgo españoles: Felipe II, Felipe III y Felipe IV. La unión se originó tras la crisis sucesoria portuguesa de 1580 y la posterior Guerra de Sucesión de Portugal, y concluyó con la Guerra de Restauración Portuguesa, que culminó en la proclamación de Juan IV de la casa de Braganza como rey de Portugal.
A pesar de ser una unión personal, los reinos de Portugal, Castilla y los estados de la Corona de Aragón mantuvieron su independencia administrativa y jurídica, compartiendo únicamente un monarca común. Los reyes Habsburgo españoles actuaban como el único vínculo entre los diversos territorios, que se gestionaban mediante seis consejos de gobierno distintos: el de Castilla, Aragón, Portugal, Italia, Flandes-Borgoña y las Indias. Cada reino conservaba sus propias leyes, instituciones y tradiciones jurídicas. Por ejemplo, las «leyes de extranjería» establecían que un ciudadano de un reino era considerado extranjero en los demás. En ocasiones, Portugal estuvo gobernado por un virrey designado por el monarca, aunque estos cargos solían tener una alta rotación: en los 60 años de la unión, el país contó con 13 virreyes y cuatro consejos de regencia. Una organización similar se aplicaba en territorios como Aragón, Cataluña y Valencia.
En su apogeo, la Unión Ibérica conformó el imperio más extenso del mundo en la era moderna temprana, con posesiones en todos los continentes conocidos. No obstante, esta unión también tuvo implicaciones negativas para Portugal, ya que lo involucró en el conflicto de la Revuelta de los Países Bajos contra España. La República Holandesa, aprovechando esta circunstancia, utilizó la unión como pretexto para atacar las colonias portuguesas, debilitando así significativamente el imperio ultramarino de Portugal, particularmente en Oriente.
La idea de lograr la unificación de la península ibérica había sido una aspiración constante entre los monarcas de la región, quienes deseaban restablecer el antiguo esplendor de la monarquía visigoda. Sancho III de Navarra y Alfonso VII de León y Castilla asumieron en su momento el título de Imperator totius Hispaniae, que significaba «Emperador de toda Hispania», reflejando su intención de consolidar el control sobre todos los reinos peninsulares.
Tras la muerte de Alfonso VII en 1109, hubo numerosos intentos por unificar los diversos reinos, principalmente mediante alianzas matrimoniales entre las casas reales. Entre los intentos más destacados se encuentra el de Miguel da Paz, heredero que habría reunido bajo su corona a Portugal, León, Castilla y Aragón, pero cuyo prematuro fallecimiento truncó este ambicioso proyecto. Otro caso notable fue el del príncipe Alfonso de Portugal, quien estaba destinado a casarse con la hija mayor de los Reyes Católicos, un enlace que habría acercado aún más a ambas coronas. Sin embargo, este plan también se desmoronó debido a la trágica muerte del príncipe en un accidente al caer de su caballo.
Unión Ibérica
1580–1640
Territorios del Imperio español durante la Unión Ibérica en 1598
Capital
Madrid
Lisboa
Idioma oficial
Español
Portugués
Reyes
• 1580-1598
• 1598-1621
• 1621-1640
Felipe II de España y I de Portugal
Felipe III de España y II de Portugal
Felipe IV de España y III de Portugal
En 1578, la Batalla de Alcazarquivir marcó un punto de inflexión en la historia de Portugal con la muerte del joven rey Sebastián. Su fallecimiento dejó el trono en manos de su tío abuelo, el cardenal Enrique, quien tenía 66 años en ese momento. Sin embargo, tras la muerte de Enrique, Portugal enfrentó una grave crisis sucesoria. Tres nietos de Manuel I aspiraban al trono: la infanta Catarina, duquesa de Braganza, casada con Juan, VI duque de Braganza; António, prior de Crato; y el rey Felipe II de España.
El 24 de julio de 1580, António fue proclamado rey de Portugal por los habitantes de Santarém, y posteriormente en otras ciudades del país. Mientras tanto, varios miembros del Consejo de Gobernadores de Portugal que apoyaban a Felipe escaparon a España, donde lo declararon legítimo heredero. Felipe respondió avanzando militarmente hacia Portugal. Sus tropas, bajo el mando de Fernando Álvarez de Toledo, III duque de Alba, derrotaron a las fuerzas leales al prior de Crato en la Batalla de Alcántara. Los tercios españoles ocuparon el campo portugués y finalmente llegaron a Lisboa. Felipe fue reconocido oficialmente como rey en las Cortes de Tomar en 1581, dando inicio al dominio de la Casa de Austria sobre Portugal.
En 1583, Felipe II regresó a Madrid, dejando a su sobrino, Alberto de Austria, como virrey en Lisboa. Para gestionar los asuntos portugueses desde España, estableció un Consejo de Portugal en Madrid. Aunque su reinado comenzó en un clima tenso, Felipe II y su sucesor, Felipe III, se esforzaron por mantener la identidad y privilegios de Portugal. Se conservaron las leyes, la moneda y las instituciones independientes, y se otorgaron importantes cargos a los nobles portugueses en la corte española. Incluso se llegó a considerar la posibilidad de trasladar la capital real a Lisboa.
Por otro lado, António no abandonó sus aspiraciones al trono y aprovechó el contexto de la guerra entre Felipe II y Isabel I de Inglaterra para solicitar apoyo inglés. En abril de 1589, convenció a los ingleses de liderar un ataque anfibio contra Portugal, con una flota de 120 barcos y 19.000 hombres comandados por Francis Drake y John Norris. Sin embargo, la expedición fracasó debido a una pésima planificación, dejando a António sin posibilidades reales de recuperar el poder.
Mapa de la Península Ibérica en 1570
La historia de Portugal desde la crisis dinástica de 1578 hasta la llegada de los primeros monarcas de la dinastía Braganza se caracteriza como un período de transición, en el que el Imperio portugués alcanzó el apogeo de su comercio de especias y mantuvo una influencia notable, dominando las rutas globales de intercambio gracias a los logros de la era de las exploraciones.
En este contexto, la administración de los reinos bajo la Monarquía Hispánica se apoyaba en un sistema complejo de consejos auxiliares, conocidos como Consejos (Consejos de Estado, Guerra, territoriales, entre otros), que se encargaban de asesorar y resolver problemas bajo la autoridad del monarca. Para gestionar esta estructura, en 1562, Felipe II de España estableció la capital permanente en Madrid, que se convirtió en el centro del poder administrativo y de la Corte Real. Durante un breve periodo entre 1601 y 1606, la capital fue trasladada a Valladolid, junto con toda la estructura administrativa.
El funcionamiento administrativo era altamente estructurado. La correspondencia oficial llegaba a los diferentes consejos en Madrid, donde un secretario preparaba el material para ser presentado al monarca. Las decisiones se tomaban tras reuniones de los consejos y, posteriormente, se devolvían para su ejecución. Este sistema polisinodal tenía como eje central el Consejo de Estado, encargado de las decisiones más trascendentales relacionadas con la defensa y organización de la monarquía. Este consejo, además, frecuentemente intervenía en asuntos relacionados con Portugal.
El Consejo de Portugal, fundado en 1582, representaba a las Cortes portuguesas y gestionaba asuntos de justicia y economía. Ninguna decisión real sobre Portugal podía ejecutarse sin su consulta previa. Aunque el consejo fue reemplazado temporalmente en 1619 y nuevamente entre 1639 y 1658, continuó funcionando incluso tras la Restauración portuguesa de 1640, administrando los territorios y ciudadanos leales a la monarquía española, como la ciudad de Ceuta. Finalmente, el Consejo fue abolido en 1668, cuando Carlos II de España renunció al título de rey de Portugal.
Durante la unión dinástica, los reyes Habsburgo respetaron en gran medida los compromisos establecidos en las Cortes de Tomar en 1581, lo que garantizó una considerable autonomía para Portugal. Aunque los asuntos importantes se referían a Madrid, el gobierno local se mantuvo bajo el control de las instituciones portuguesas. En Lisboa, el rey estaba representado por un virrey o un gobernador, quienes supervisaban la administración local y el vasto imperio portugués.
El sistema judicial portugués, encabezado por el Desembargo do Paço, continuó funcionando con independencia. Este tribunal supremo controlaba el nombramiento de jueces y supervisaba los tribunales de apelación en Lisboa y en los territorios de ultramar. Además, se encargaba de arbitrar conflictos entre otros tribunales y asesoraba al monarca en cuestiones judiciales, económicas y políticas. Durante esta etapa, también se promulgó en 1603 el código legal de las Ordenações Filipinas, que reformó el sistema jurídico.
En el ámbito económico, el Consejo de Hacienda asumió un papel crucial, administrando las propiedades reales, los ingresos fiscales y el comercio monopolístico con las colonias. En 1604, se creó el Consejo de Indias, que supervisaba los asuntos virreinales, aunque con competencias limitadas. Esta institución desapareció en 1614 debido a la oposición de las élites portuguesas, reflejando la tensión entre los intereses locales y la autoridad central.
A pesar de estos desafíos, la autonomía de Portugal dentro de la unión se mantuvo en gran medida. Los cargos públicos, tanto en el territorio peninsular como en el imperio, permanecieron en manos de portugueses, y la administración continuó operando bajo supervisión local. Este período histórico demuestra el delicado equilibrio entre la integración en la Monarquía Hispánica y la preservación de la identidad política y administrativa de Portugal.
A lo largo del siglo XVII, Portugal enfrentó un declive en su comercio de especias, que había sido la base de su prosperidad económica durante siglos. Este retroceso se debió, en gran medida, al aumento de los ataques de corsarios ingleses, holandeses y franceses, así como al establecimiento de puestos comerciales por parte de estos rivales en África, Asia y América, lo que debilitó el monopolio portugués. Además, el desvío de recursos portugueses por parte de la monarquía Habsburgo para financiar la causa católica en la Guerra de los Treinta Años incrementó las tensiones dentro de la unión ibérica, aunque Portugal también se benefició de la potencia militar española para retener Brasil y dificultar el comercio holandés. Estas circunstancias, unidas a los eventos ocurridos al final de la dinastía Avis y durante la Unión Ibérica, dejaron a Portugal en una posición de dependencia económica de sus territorios de ultramar, primero en la India y más tarde en Brasil.
La unión de las dos coronas supuso para Portugal la pérdida de una política exterior independiente, lo que llevó a que los enemigos de España se convirtieran también en los de Portugal. Esto afectó profundamente la relación con Inglaterra, su aliado tradicional desde el Tratado de Windsor de 1386, especialmente durante la guerra entre España e Inglaterra, que resultó en la pérdida de Hormuz. Las hostilidades con los Países Bajos también provocaron invasiones en diversos territorios de Asia, como Ceilán (actual Sri Lanka), Japón, África (Mina) y América del Sur. Aunque los portugueses lograron mantener el control de las regiones costeras de Ceilán durante un tiempo considerable, Brasil sufrió ocupaciones temporales por parte de franceses y holandeses.
Durante este periodo de debilidad, los holandeses aprovecharon la oportunidad para ocupar vastas regiones del noreste de Brasil, donde se encontraban las plantaciones de caña de azúcar más ricas del mundo. Aunque la ocupación holandesa fue breve, comenzó con la recaptura de Bahía en 1625 gracias a una flota hispano-portuguesa, que permitió la recuperación de gran parte de los territorios perdidos. Sin embargo, en 1630, los holandeses regresaron y tomaron Recife y Olinda, en la capitanía de Pernambuco. En 1637, Juan Mauricio de Nassau-Siegen fue designado gobernador de las posesiones holandesas en Brasil por la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales. Desde Recife, extendió las posesiones holandesas desde Sergipe, al sur, hasta Maranhão, al norte. También conquistó las posesiones portuguesas de Elmina, la isla de Santo Tomé y Luanda en África occidental, lo que dio lugar a la creación de la colonia de Nueva Holanda en Brasil. Sin embargo, la Segunda Batalla de Guararapes, decisiva en la llamada Insurrección Pernambucana, puso fin a la ocupación holandesa en Brasil.
Por otro lado, la Unión Ibérica brindó a ambos países una vasta extensión de control global. Portugal dominaba las costas de África y Asia que rodeaban el océano Índico, mientras que España tenía el control del océano Pacífico y de ambos lados de América Central y del Sur. Ambos compartían la administración del Atlántico, lo que les permitía proyectar su influencia sobre gran parte del mundo conocido.
Cuando falleció Felipe II de Portugal (y III de España), su sucesor, Felipe III de Portugal (y IV de España), adoptó una política diferente en relación con los asuntos portugueses. Entre las medidas que generaron descontento se incluyó un incremento de impuestos que afectó principalmente a los comerciantes portugueses. A esto se sumó una pérdida progresiva de la influencia de la nobleza portuguesa en las Cortes españolas, mientras que los puestos de gobierno en Portugal comenzaron a ser ocupados por funcionarios españoles. Felipe IV incluso intentó transformar a Portugal en una provincia real, despojando a la nobleza portuguesa de su poder.
Otro factor que debilitó el apoyo portugués a la unión con España fue la presión centralizadora, en particular por parte de Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares, quien buscaba uniformidad en los reinos y un reparto equitativo de las cargas financieras y militares derivadas de las guerras de Castilla en Europa. Sin embargo, los portugueses mostraron poco interés en contribuir, especialmente porque España había fracasado en impedir que la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales ocupara varias posesiones portuguesas, a pesar de que ambos países estaban bajo la misma corona.
Esta situación alcanzó su punto de ruptura el 1 de diciembre de 1640, cuando una revolución liderada por la nobleza y la alta burguesía puso fin a sesenta años de dominio español sobre Portugal. Aunque previsible, la revuelta fue desencadenada por una combinación de factores, entre ellos una rebelión popular e institucional en Cataluña contra la Corona española. Este contexto brindó a los conspiradores portugueses una oportunidad única, ya que las tropas castellanas estaban comprometidas en otras partes de la península. La conspiración, planificada por Antão de Almada, 7.º Conde de Avranches, Miguel de Almeida y João Pinto Ribeiro, junto con un grupo de colaboradores conocidos como los «Cuarenta Conspiradores», culminó en el asesinato del secretario de Estado, Miguel de Vasconcelos, y en el encarcelamiento de Margarita de Saboya, virreina de Portugal y prima del rey, quien gobernaba en su nombre.
El momento fue cuidadosamente calculado, ya que las tropas de Felipe estaban ocupadas en la Guerra de los Treinta Años y enfrentando simultáneamente la rebelión catalana. La respuesta del pueblo portugués fue inmediata, y Juan, 8.º Duque de Braganza, fue proclamado rey como Juan IV en todo el país. Apenas un día después, el 2 de diciembre de 1640, Juan ya había enviado una carta a la Cámara Municipal de Évora asumiendo su soberanía como nuevo monarca de Portugal.
Proclamación de D. João IV como rey de Portugal
La Guerra de Restauración portuguesa, librada contra Felipe IV de España (III de Portugal), estuvo marcada principalmente por pequeñas escaramuzas en las cercanías de la frontera, aunque también se registraron importantes enfrentamientos que consolidaron la victoria portuguesa. Entre las batallas más destacadas se encuentran las de las Líneas de Elvas en 1659, Ameixial en 1663, Castelo Rodrigo en 1664 y Montes Claros en 1665, en las que las tropas portuguesas lograron la victoria. Sin embargo, los españoles obtuvieron triunfos en la batalla de Vilanova en 1658 y en la de las Berlengas en 1666. Por su parte, la batalla de Montijo en 1644 tuvo un desenlace indeciso, ya que comenzó con un éxito español, pero terminó con una respuesta favorable de los portugueses, registrándose un número similar de bajas en ambos bandos.
Los éxitos portugueses en el conflicto se debieron en gran parte a las decisiones estratégicas adoptadas por Juan IV, quien reforzó las capacidades militares de su reino desde el inicio de su reinado. El 11 de diciembre de 1640, estableció el Consejo de Guerra para coordinar todas las operaciones militares. Posteriormente, creó la Junta de las Fronteras, encargada de supervisar las fortificaciones fronterizas, la defensa hipotética de Lisboa y la gestión de guarniciones y puertos marítimos. En diciembre de 1641, implementó un sistema de tenencias que permitió modernizar las fortalezas, financiadas con impuestos locales. Además, reorganizó el ejército, promulgó las Leyes Militares del Rey Sebastián y desarrolló una intensa actividad diplomática, en especial para restablecer la alianza con Inglaterra.
Mientras tanto, las mejores tropas españolas estaban comprometidas en conflictos contra Francia en Cataluña, los Pirineos, Italia y los Países Bajos. Esta dispersión de fuerzas impidió que España destinara recursos suficientes a la guerra en Portugal. A pesar de ello, Felipe IV consideraba que no podía renunciar a lo que percibía como su legítima herencia. Sin embargo, cuando la guerra con Francia concluyó en 1659, Portugal ya contaba con un ejército consolidado, listo para enfrentar los últimos intentos del debilitado régimen español de recuperar el control.
El apoyo militar de aliados extranjeros resultó clave en el desenlace del conflicto. Tropas inglesas enviadas a Portugal participaron en la victoria contra el ejército de Don Juan José de Austria en Ameixial, cerca de Estremoz, el 8 de junio de 1663. En ese enfrentamiento, los españoles perdieron 8.000 hombres y toda su artillería, mientras que las bajas portuguesas ascendieron a 2.000. Posteriormente, el 7 de julio de 1664, unos 3.000 soldados portugueses derrotaron a un contingente español de 7.000 hombres cerca de Figueira de Castelo Rodrigo, causando 2.000 bajas enemigas y capturando a 500 prisioneros.
El apoyo francés también fue significativo. Tropas enviadas por Luis XIV reforzaron a los portugueses, y el 17 de junio de 1665, el general alemán Federico Schomberg lideró un ejército portugués de 20.000 efectivos en la decisiva batalla de Montes Claros, cerca de Vila Viçosa. En esta victoria, los portugueses sufrieron solo 700 bajas mortales y 2.000 heridos, mientras que el ejército español, con 22.600 hombres, perdió 4.000 soldados y 6.000 prisioneros. Esta derrota fue devastadora para España, que había gastado 25 millones de ducados en una guerra desastrosa, lo que provocó protestas en Madrid.
A pesar de intentos esporádicos de continuar la guerra durante dos años más, España finalmente reconoció la soberanía de Portugal y firmó la paz el 13 de febrero de 1668, poniendo fin a casi tres décadas de unión. La restauración de la independencia portuguesa consolidó la dinastía Braganza y separó al país de la influencia española.
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