La Corona de Castilla surgió como resultado de la unión definitiva de los reinos de Castilla y León junto con sus respectivos territorios, consolidada en el año 1230. Este proceso se atribuye al reinado de Fernando III, conocido como «el Santo», quien ya era rey de Castilla desde 1217, incluyendo el importante territorio del reino de Toledo. Fernando III era hijo de Alfonso IX de León y de Berenguela de Castilla, su segunda esposa.
El ascenso de Fernando III al trono de León se produjo tras la Concordia de Benavente, un acuerdo clave mediante el cual Teresa de Portugal, la primera esposa de Alfonso IX, renunció a los derechos de sus hijas, las infantas Sancha y Dulce, sobre el trono leonés. Este acto permitió a Fernando heredar el reino de su padre y completar la unión de Castilla y León bajo una sola corona.
Esta unificación no solo fortaleció el poder político y territorial de la monarquía, sino que marcó el inicio de una nueva etapa en la historia peninsular, con Fernando III consolidando su legado como un gobernante destacado por su devoción religiosa y su papel en la expansión territorial y la convivencia cultural durante la Reconquista. Algunos historiadores consideran que la unión formal de las Cortes de ambos reinos, ocurrida décadas después, simboliza la culminación administrativa y política de esta integración.
El Reino de León emergió como una continuación del antiguo Reino de Asturias, que también incluía el territorio de la Asturias de Santillana, resultado de un pacto entre Pedro, duque de Cantabria, y don Pelayo de Asturias, sellado a través del matrimonio de sus hijos. En este contexto, Castilla surgió inicialmente como un condado bajo el dominio del Reino de León. Sin embargo, hacia finales del siglo X, durante los conflictos internos en León, el condado comenzó a actuar con mayor autonomía. Finalmente, bajo el reinado de Sancho III el Grande de Navarra, el condado pasó a manos de su hijo Fernando Sánchez, gracias a su matrimonio con Muniadona, tras el asesinato del conde García Sánchez en 1028.
En 1037, Fernando I se rebeló contra el rey de León, Bermudo III, quien murió en la batalla de Tamarón. Así, Fernando se proclamó rey de León mediante su matrimonio con Sancha de León, hermana de Bermudo, integrando el condado de Castilla al patrimonio real.
Desde los inicios de la Reconquista, la región del valle del Ebro fue disputada entre musulmanes y los reinos cristianos de León, Navarra y Aragón. Con el tiempo, lugares estratégicos como el Reino de Nájera y la Diócesis de Calahorra se integraron a la Corona de Castilla en 1176, consolidándose como puntos clave en el Camino de Santiago, promovido por figuras como santo Domingo de la Calzada y san Millán de la Cogolla.
Corona de Castilla
1230-1715
Capital
Corte itinerante
Madrid (1561-1601)
Valladolid (1601-1606)
Madrid (desde 1606)
Idioma oficial
Español
Superficie
• Total
382 000 km²
Población
• 1516
• 1594
4 500 000 hab.
8 206 000 hab.
Religión
Catolicismo
Al morir Fernando I, dividió su reino entre sus hijos. Alfonso recibió el Reino de León, Sancho obtuvo Castilla, elevada al rango de reino, y García heredó Galicia. Sin embargo, esta fragmentación duró poco. Entre 1071 y 1072, Sancho derrocó a sus hermanos y unificó los territorios, aunque fue asesinado ese mismo año. Su hermano Alfonso VI retomó el poder y reunificó el legado de Fernando I, manteniéndolo unido hasta 1157. En ese año, tras la muerte de Alfonso VII, el territorio fue nuevamente dividido: León quedó en manos de Fernando II, mientras que Castilla pasó a Sancho III. Esta división marcó una etapa de alternancia entre León y Castilla.
El futuro Fernando III, hijo de Alfonso IX de León y Berenguela de Castilla, reunió ambos reinos tras la muerte de su padre y la renuncia de las infantas Sancha y Dulce al trono leonés en 1230. Este monarca, conocido como el Rey Santo, aprovechó la decadencia almohade para avanzar en la Reconquista, logrando la conquista del valle del Guadalquivir, mientras su hijo Alfonso extendía el dominio castellano sobre el Reino de Murcia.
Tras la muerte de Fernando IV en 1312, su hijo Alfonso XI heredó el trono, aunque, debido a su corta edad, se estableció un período de regencia. Durante este tiempo, las ciudades, buscando protegerse de las presiones de la nobleza, crearon la Hermandad General en las Cortes de Burgos de 1315. Sin embargo, una vez Alfonso XI asumió el poder, esta organización fue desmantelada, reflejando su política de centralización del poder. Este fortalecimiento de la autoridad real quedó simbolizado en la promulgación del Ordenamiento de Alcalá en 1348, una reforma legal significativa.
Cuando Alfonso XI falleció en 1350, se desencadenó un conflicto sucesorio dentro del contexto más amplio de la Guerra de los Cien Años, enfrentando a sus hijos, Pedro I y Enrique de Trastámara. Alfonso había estado casado con María de Portugal, madre del legítimo heredero, Pedro. Sin embargo, su relación extramatrimonial con Leonor de Guzmán había dado lugar a varios hijos, entre ellos Enrique, que reclamaron el trono tras la ascensión de Pedro.
En su lucha por mantener el poder, Pedro buscó el apoyo de Eduardo, Príncipe de Gales, conocido como el «Príncipe Negro». Este respaldo resultó decisivo en la batalla de Nájera de 1367, donde Pedro obtuvo una importante victoria sobre las fuerzas de Enrique. Sin embargo, al no cumplir con las promesas hechas al Príncipe Negro, este abandonó el reino, permitiendo que Enrique, refugiado en Francia, reanudara su campaña. Finalmente, Enrique logró derrotar y asesinar a Pedro en la batalla de Montiel en 1369, asegurándose el trono. Poco después, con la muerte de su hermano Tello, Enrique incorporó el Señorío de Vizcaya al patrimonio de la Corona en 1370.
En 1379, el hijo de Enrique, Juan I de Trastámara, asumió el trono y continuó con las políticas centralizadoras de su linaje. En 1385, fundó el Consejo Real, un órgano clave en la administración del reino. Sin embargo, su reinado también estuvo marcado por las tensiones con Juan de Gante, duque de Lancaster y hermano del Príncipe Negro, quien había contraído matrimonio en 1371 con Constanza, hija de Pedro I. A través de este matrimonio, Juan de Gante reclamó la Corona de Castilla para su esposa, considerada por algunos como la legítima heredera según las Cortes de Sevilla de 1361.
En 1388, Juan de Gante desembarcó en La Coruña con un ejército, capturando varias ciudades importantes, como Santiago de Compostela, Pontevedra, y Vigo, y exigiendo el trono para Constanza. Ante esta situación, Juan I de Castilla propuso una solución diplomática: el matrimonio de su hijo, el infante Enrique, con Catalina, hija de Juan de Gante y Constanza. La oferta fue aceptada, y con esta unión matrimonial se estableció la paz entre Inglaterra y Castilla, consolidando la Casa de Trastámara y poniendo fin al conflicto dinástico.
Además, este acuerdo marcó el nacimiento del título de Príncipe de Asturias, el cual ostentaron por primera vez Enrique y Catalina como herederos al trono, reforzando la estabilidad política del reino y asegurando la continuidad dinástica.
Durante el reinado de Enrique III, la autoridad real fue fortalecida significativamente al reducir el poder de la alta nobleza, lo que permitió una mayor centralización del reino. Sin embargo, en sus últimos años, Enrique delegó buena parte de sus funciones en su hermano, Fernando de Antequera, quien asumió la regencia junto con Catalina de Lancaster, esposa del monarca, durante la minoría de edad del príncipe heredero Juan II. Posteriormente, con el Compromiso de Caspe en 1412, Fernando dejó Castilla para convertirse en rey de Aragón, marcando un momento decisivo en la política ibérica.
Cuando Juan II alcanzó la mayoría de edad tras la muerte de su madre, asumió el trono a los 14 años. Su matrimonio con su prima, María de Aragón, consolidó alianzas familiares. En la administración del reino, Juan confió plenamente en Álvaro de Luna, una figura clave que se convirtió en el líder más influyente de la corte. Álvaro se apoyó en los sectores más humildes de la nobleza, las ciudades, el bajo clero y las comunidades judías, lo que inevitablemente generó tensiones con la alta nobleza castellana y con los Infantes de Aragón, que representaban intereses opuestos. Estas tensiones culminaron en una guerra entre Castilla y Aragón entre 1429 y 1430, un conflicto que terminó con la victoria de Álvaro de Luna y la expulsión de los Infantes de Aragón, consolidando temporalmente la estabilidad interna.
El sucesor de Juan II, Enrique IV, enfrentó un escenario mucho más complicado. Aunque intentó reparar las relaciones con la nobleza, los conflictos y las desconfianzas prevalecieron, alimentadas por escándalos en su vida personal. La controversia alcanzó su punto máximo cuando su segunda esposa, Juana de Portugal, dio a luz a la princesa Juana, cuya paternidad fue cuestionada públicamente y atribuida a Beltrán de la Cueva, uno de los hombres más cercanos al rey. Esta acusación debilitó aún más la posición de Enrique IV frente a una nobleza ya descontenta.
Ante la presión de las revueltas y las demandas de los nobles, Enrique se vio obligado a firmar un tratado en el que desheredaba a su hija Juana y designaba como heredero a su hermano menor, Alfonso. Sin embargo, la inesperada muerte de Alfonso en un accidente cambió nuevamente el curso de los acontecimientos. Finalmente, Enrique IV alcanzó un acuerdo con su hermanastra, Isabel, mediante el Tratado de los Toros de Guisando, en el que la reconoció como su heredera legítima bajo la condición de que contrajera matrimonio con un príncipe elegido por el monarca. Este tratado marcó el preludio de un cambio dinástico que tendría profundas consecuencias para el reino.
El matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en octubre de 1469, llevado a cabo en secreto en el Palacio de los Vivero de Valladolid, marcó un momento trascendental en la historia de España. Este enlace dinástico no fue aprobado inicialmente por el Papa, lo que resultó en su excomunión. Sin embargo, tiempo después, el Papa Alejandro VI les concedió el título de Reyes Católicos, consolidando su legitimidad. Este matrimonio sentó las bases para la unión de las Coronas de Castilla y Aragón, aunque dicha unión no se haría plenamente efectiva hasta el reinado de su nieto, Carlos I, ya que ambas coronas conservaron sus sistemas administrativos y legales independientes.
El matrimonio de Isabel y Fernando tensó las relaciones con Enrique IV, hermanastro de Isabel, quien consideró roto el Tratado de los Toros de Guisando, que estipulaba que Isabel sería su heredera bajo la condición de que contara con su aprobación para contraer matrimonio. Enrique, al buscar una alianza con Portugal o Francia en lugar de Aragón, proclamó a su hija Juana la Beltraneja como heredera al trono. Esta decisión desembocó en una guerra civil tras la muerte de Enrique IV en 1474, enfrentando a los partidarios de Isabel y los de Juana. La victoria de Isabel en 1479 consolidó su posición como reina de Castilla, mientras que Fernando ascendió al trono de Aragón ese mismo año, uniendo ambas coronas bajo su reinado.
A pesar de esta unión, las Coronas de Castilla y Aragón permanecieron separadas en términos administrativos. Cada una conservó sus propias leyes, cortes y estructuras políticas, siendo la Inquisición la única institución compartida. Sin embargo, la Corona de Castilla, por su mayor territorio y población (que triplicaba la de Aragón), ejerció un papel predominante en la monarquía. Isabel y Fernando, aunque compartían títulos conjuntos, gestionaron mayormente los asuntos de sus respectivas coronas, colaborando en decisiones estratégicas.
Durante su reinado, los Reyes Católicos tomaron medidas decisivas para consolidar el poder real frente a la nobleza y el clero. En 1476 fundaron la Santa Hermandad, una institución destinada a garantizar el orden en las zonas rurales y combatir la violencia feudal. Además, implementaron reformas para debilitar a los nobles, como la destrucción de castillos feudales, la prohibición de guerras privadas y la reducción del poder de los adelantados. En 1495, las órdenes militares fueron incorporadas bajo el control del Consejo de las Órdenes, y la Audiencia pasó a ser la máxima instancia judicial. En el ámbito urbano, se establecieron corregidores en 1480, quienes supervisaban los concejos municipales, reforzando así el control de la monarquía sobre las ciudades.
En el ámbito religioso, los Reyes Católicos emprendieron reformas en las órdenes religiosas y buscaron la unificación religiosa del reino. Numerosos judíos fueron invitados a convertirse al cristianismo o enfrentaron la expulsión en 1492, afectando entre 50.000 y 70.000 personas. A partir de 1502, también se impulsó la conversión de los musulmanes.
El reinado de los Reyes Católicos también estuvo marcado por importantes logros militares y de expansión territorial. Entre 1478 y 1496 conquistaron las islas de Gran Canaria, La Palma y Tenerife, consolidando su dominio en el archipiélago canario. En 1492, con la rendición de la Alhambra de Granada, pusieron fin a la Reconquista, integrando el Reino nazarí de Granada en la Corona de Castilla. Ese mismo año, el apoyo de los monarcas permitió a Cristóbal Colón descubrir las Indias Occidentales, abriendo una nueva era de expansión hacia América. En 1497, continuaron su política de expansión con la toma de Melilla.
Tras la caída de Granada, la política exterior de los Reyes Católicos se centró en el Mediterráneo. Castilla respaldó militarmente a Aragón en sus enfrentamientos con Francia, lo que culminó en la recuperación de Nápoles en 1504 para la Corona aragonesa. Ese mismo año, sin embargo, marcó el final de una era con la muerte de Isabel, dejando un legado de centralización, unidad y expansión que transformó la península ibérica y sentó las bases del Imperio español.
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